¿Qué implica una prórroga presupuestaria?, por Javier Otaola

[15/2/26 —20:02]

La fórmula "No taxation without representation" (ninguna tributación sin representación) es un famoso eslogan político de la Revolución Americana de 1775 y expresa el principal agravio de los ingleses afincados en las 13 colonias, contra Gran Bretaña, ya que se sentían oprimidos al no estar representados en el lejano parlamento británico, de modo que denunciaban, con buena lógica, que cualquier impuesto que les gravara con tributos que no habían podido discutir o aprobar a través de sus representantes, era un contrafuero y una negación de sus derechos como ingleses, establecidos ya en la Carta Magna de las libertades de 1215.

No es extraño que, desde siempre, la recaudación de los dineros para el presupuesto del Estado haya sido una cuestión candente en democracia. Desde sus orígenes constitucionales en EE.UU., cuando el Gobierno no presenta presupuestos, o el Congreso no los aprueba, se aplica la drástica medida de "cerrar" el Gobierno Federal — government shutdown— que no se abre hasta que no se lleguen a aprobar. El último cierre federal sucedió el 1 de octubre de 2025 y se mantuvo durante 43 días, el más largo de la historia norteamericana, cuando republicanos y demócratas se veían presionados por la gravísima expiración de los cheques de Medicare, que viene a ser la asistencia médica pública de EE.UU.​ Ha sido el undécimo cierre gubernamental en la historia moderna del país y el tercero ocurrido durante una presidencia de Donald Trump. Fue una medida drástica que causó que novecientos mil empleados federales fueran suspendidos de empleo y sueldo temporalmente y que otros setecientos mil adicionales trabajaron sin recibir paga.

En Europa no se admite la posibilidad del "cierre del Gobierno".  En el sistema constitucional británico, de carácter consuetudinario, si el Gobierno no logra aprobar su presupuesto (Finance Bill), se considera una pérdida de confianza parlamentaria, lo que lleva casi inevitablemente a la renuncia del primer ministro o a la convocatoria de elecciones generales.

La prórroga presupuestaria en Francia no puede realizarse automáticamente, sino que debe resolverse mediante una ley especial de urgencia aprobada por el Parlamento. Este mecanismo autoriza la recaudación de impuestos y la continuación del gasto público basándose en el presupuesto anterior, evitando la parálisis administrativa. En caso de máxima urgencia el artículo 49.3 de la Constitución francesa de 1958 permite al Gobierno aprobar una ley sin votación en la Asamblea Nacional, comprometiendo su responsabilidad, y solo puede ser revocada si la oposición aprueba una moción de censura en 24 horas. Se usa para evitar bloqueos parlamentarios, precisamente en temas presupuestarios. 

En Italia el artículo 81 de su Constitución establece que «las Cámaras aprobarán cada año los Presupuestos y las cuentas de ingresos y gastos presentadas por el Gobierno», y para el caso de que estos no se aprueben se pueden prorrogar, pero esa prórroga no es automática, sino que exige la aprobación de una Ley que permita una prórroga por un período que no puede ser superior a cuatro meses. Si en ese plazo no se aprueba esa prórroga temporal se entiende que el Gobierno ha perdido la confianza del Parlamento, lo que casi inevitablemente, supone la dimisión del Ejecutivo y, si no se conforma una nueva mayoría, aboca a la disolución de las Cámaras por el presidente de la República y la convocatoria de elecciones anticipadas.

En España, el artículo 134.4 de la Constitución establece la prórroga automática de los presupuestos si no se aprueban a tiempo: "Si la Ley de Presupuestos no se aprobara antes del primer día del ejercicio económico correspondiente, se considerarán automáticamente prorrogados los Presupuestos del ejercicio anterior hasta la aprobación de los nuevos».

La cuestión grave es: ¿se pueden prorrogar los Presupuestos del ejercicio anterior si estos tampoco han sido aprobados regularmente por el Parlamento y son una mera prorroga de los Presupuestos pre-anteriores?

            Si se prorrogan unos presupuestos anteriores que a su vez ya fueron prorrogados, una o más veces en el pasado, se menosprecia la esencial competencia del Poder Legislativo para controlar la recaudación y el gasto público a cargo del Poder Ejecutivo... En resumen, la prórroga presupuestaria es una medida excepcional para atender una situación que deber ser también excepcional, tiene efectos disfuncionales ya que menoscaba la intervención del Poder Legislativo en el control presupuestario y en la adaptación de las cuentas públicas a las circunstancias económicas, políticas y sociales del momento... A mi juicio incurre en inconstitucionalidad la práctica gubernativa de prorrogar sin aprobación parlamentaria los presupuestos, año tras año como si fuera una situación de normalidad institucional en las relaciones entre Poder Legislativo y Poder Ejecutivo.  Javier Otaola. Abogado y escritor.