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Fundamento y límites de la inmunidad regia, por Javier Otaola

Actualizado: 26 ago





No sé si será un efecto informativo de la cuestión suscitada en España con motivo del caso Juan Carlos de Borbón o por razones estrictamente internas pero me ha parecido significativa la investigación periodística publicada en The Guardian precisamente el día 14 de julio, señalando la amplísima inmunidad de la Reina Isabel II, monarca de Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte y los efectos contraproducentes que puede tener, con el consiguiente descrédito para la institución que tan dignamente representa.


Las amplísimas inmunidades que se aplican a Isabel II se especifican en más de 160 leyes que se han ido promulgando desde 1967, y que la inmunizan no solo en su condición de monarca reinante que personifica la institución de la Corona, sino también como persona privada en todos los ámbitos de su actividad particular, como propietaria e incluso como empresaria de determinadas actividades relacionadas con sus posesiones como por ejemplo la explotación pública de determinadas zonas de pesca; o en áreas tan sensibles como su condición de terrateniente o respecto de las leyes de igualdad o los derechos de los trabajadores o las leyes de bienestar animal.


Es indudable el valor político de la Monarquía inglesa verdadera fundadora de la democracia parlamentaria que se levanta sobre el principio esencial de que "El Rey reina, pero no gobierna" y se remonta a tiempos del Rey Guillermo, (1650—1702) príncipe protestante de Orange desde su nacimiento, y rey de Inglaterra e Irlanda —como Guillermo III— desde el 13 de febrero de 1688, y rey de Escocia —como Guillermo II—después de la Revolución Gloriosa de 1688 durante la cual depusieron a su tío y suegro a la vez, Jacobo II.


El reinado de Guillermo de Orange cambió la naturaleza política de la monarquía y marcó el principio de la transición entre el gobierno personal y autocrático de los Estuardo y el modelo parlamentario de la Casa de Hannover.


La investigación realizada por The Guardian, basada en la recopilación de documentos oficiales y análisis minucioso de la legislación, revela que la superlativa extensión de la inmunidad legal de la persona del monarca puede ser contraproducente para la Monarquía ya que un sistema tan excepcional va más allá de la protección institucional y socava la noción de igualdad ante la ley, y por ello algunos constitucionalistas británicos han recomendado por el bien mismo de la monarquía parlamentaria revisar y simplificar las exenciones en aras de la transparencia pública.


Los aspectos más controvertidos de las inmunidades legales de la Reina Isabel II tienen que ver con exclusiones y exenciones personalizadas establecidas en la ley británica, a menudo en áreas no institucionales sino en relación con intereses o inversiones privadas. Esa misma investigación del The Guardian ha revelado la forma en que la monarca ha influido en la legislación en cuestión de inmunidad mediante un procedimiento legal, pero opaco, conocido como el consentimiento de la Reina, en el que sus abogados pueden examinar las leyes que podrían afectarla antes de que el Parlamento pueda aprobarlas.


Otras exenciones legales prohíben a los empleados de la Reina presentar denuncias de discriminación sexual y racial contra la Jefatura del Estado. Incluso no se le aplica tampoco la legislación relativa a la Ley de Igualdad de 2010, que no rige para los empleados de la Reina.


Todavía a principios de la década de 1990 (¡¡¡), el Palacio de Buckingham admitió que la Reina no pagaba impuestos sobre la renta ni sobre los beneficios del capital, ni siquiera sobre sus intereses privados, y tras severas críticas públicas accedió a pagar algunos impuestos “voluntariamente”.


Lo más llamativo del caso es que las exenciones insertadas en cuatro leyes fiscales aprobadas por los parlamentos de Westminster, Escocia y Gales entre 2008 y 2017 estipulan que la Reina además de no pagar impuestos, no está obligada a proporcionar información a los inspectores fiscales o estadísticos oficiales, ni está obligada a cooperar con las autoridades fiscales escocesas y galesas establecidas por la legislación delegada en 2014 y 2016.


En 2010, el gobierno escocés adoptó una política más transparente que la del gobierno de Westminster, cuando decidió que la Reina de Escocia debería estar sujeta a una legislación específica a menos que existiera una razón legítima para eximirla.


Las cláusulas de inmunidad de la Monarquía británica parecen extender el principio de inmunidad a una forma inasumible de impunidad ya que no sólo se proclama que la Reina no puede ser procesada de acuerdo con las leyes, sino que viene a decir que ni siquiera son leyes para la Reina.

Javier Otaola. De la Real Sociedad Bascongada de Amigos del País.


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