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Virtud ciudadana y amnistía, por Javier Otaola





La virtud ciudadana que exigen las monarquías y repúblicas parlamentarias— es esa capacidad para hacer abstracción de nuestras pertenencias particulares, sin renunciar a ellas, para «parlamentar» en el ámbito de lo político una condición de común ciudadanía en términos de equidad. La condición de ciudadanos de una Nación Constitucional es el título político que nos otorga la facultad de conformar con nuestra palabra y nuestro voto la voluntad general que en cada momento quedará legitimada para ejercer el Poder Legislativo y para investir al Poder Ejecutivo. Sociedad abierta significa pluralismo. Si la sociedad abierta está organizada en grupos ideológicos parciales y diferenciados (partidos, grupos de opinión, iglesias, asociaciones filosóficas, escuelas, fundaciones, lobbies...) es porque ninguna ideología es completamente satisfactoria y solo responde parcialmente a la realidad de las cosas, razón por la cual resulta que la democracia parlamentaria es un orden civil y político hecho para convivir en un desacuerdo relativo. Concordia discordante diría Julián Marías.




Nuestra feliz Constitución de 1978, lo mejor que hemos acordado políticamente los españoles en nuestra historia colectiva, marca los linderos exteriores que delimitan el espacio de la concordia imprescindible y de la discordia asumible. El próximo debate del Proyecto de Ley Orgánica de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña, que ha sido presentado como requisito previo del voto de investidura del presidente Sánchez, es, evidentemente, fruto del precario equilibrio de mayorías en el Congreso de los Diputados, pero esa circunstancia no lo hace menos constitucional que cualquier otra mayoría que hubiera podido conformarse. Comparto la tesis del profesor Alberto López Basaguren sobre la ´débil ´justificación constitucional de la propuesta de la Ley de Amnistía (14/11/23 EL CORREO) y la forzada interpretación que se hace del principio de Democracia no-militante. Como ciudadano me inquieta y me desagrada la tensión a la que se va a someter a nuestras instituciones y a la sociedad española en su conjunto, con esta propuesta tan al límite de lo jurídico, con una finalidad de pacificación de algunas posiciones secesionistas, que no han dudado en violar gravemente la ley, y que no está claro que vayan a inclinarse por el seny, y a dejar de lado la rauxa en el futuro. Sin embargo, y a pesar de esas reservas políticas, como jurista estoy convencido de que es una propuesta completamente legal, o sea: no es una propuesta anticonstitucional.



El principio de legalidad que tendrá que ser interpretado, si la cuestión se suscita, por el Tribunal Constitucional suele enunciarse en el sentido de que mientras los particulares pueden hacer todo aquello que no está prohibido, las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite..., pero resulta que el Parlamento —poder constituido— no es una simple autoridad sino la fuente de la que emana toda autoridad, la sede misma de la soberanía nacional y bajo el principio de soberanía parlamentaria, el cuerpo legislativo puede cambiar o revocar cualquier legislación anterior, que no esté expresamente restringida o reservada al poder constituyente, o sea al mismo Parlamento, cuando legisla o reforma la Constitución.



Lo cierto y determinante es que la Constitución de 1978 no prohíbe ni excluye la posibilidad de la amnistía, luego al no estar prohibida por el constituyente está permitida para la representación de la soberanía nacional. Se va a tramitar como ley orgánica, con algunos requisitos extraordinarios que no tiene la ley ordinaria, previstos en la Constitución (artículo 81)​ y que requiere el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros del Congreso de los Diputados, en una votación final sobre el conjunto del proyecto aprobado, no cabe abstenerse.


Por otro lado existe una casi universal tendencia —fruto de nuestra cruel historia como homínidos—, a sospechar de la buena fe de aquellos que sostienen opiniones diferentes a las nuestras..., intento sobreponerme, con las debidas cautelas, a esa tendencia para no poner en peligro ni la libertad ni la objetividad de nuestra discusión pública y procuro ceñirme a la crítica de las opiniones y teorías que no comparto, sin entrar en juicios de intenciones.


Jason Horowitz corresponsal para España del New York Times —16/11/ 2023— en su artículo titulado «Pedro Sánchez se asegura un Nuevo Mandato para gobernar una España dividida», recoge unas declaraciones de José Ignacio Torreblanca, del Consejo Europeo de Relaciones Exteriores: “Cada vez que la dimensión nacional entra en escena, las emociones crecen y el debate se polariza aún más”. A España le esperan meses “feos, desagradables y sucios”, concluyó.


Por mi parte, modestamente, haré lo que esté en mi mano para suturar lo dividido. Javier Otaola. De la Real Bascongada de Amigos del País.




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